Objeto del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente Ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. Campo de aplicación. Regímenes del Sistema General de Pensiones. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Características del Sistema General de Pensiones.
La Constitución española en su artículo 9. Y entre los derechos fundamentales establecidos constitucionalmente figura un elenco íntimamente relacionado con la violencia contra las mujeres: la dignidad de la persona gacetilla 10 , el derecho a la no discriminación artículo 14 , el derecho a la vida y la integridad física y psíquica artículo 15 y el derecho a la libertad y la seguridad artículo Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha norma y la creciente sensibilización de nuestra sociedad hacen necesaria una importante actualización de la citada normativa. Por otra parte, la adhesión de nuestro país a los diversos instrumentos configurados por el derecho internacional en defensa de los arancel humanos obliga a las administraciones actuantes a responder con la debida actuación frente a la violencia contra las mujeres. De conformidad con el derecho internacional Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación versus la mujer, de , CEDAW; Explicación de Beijing de ; y Guía de legislación sobre violencia contra la mujer, Naciones Unidas, , los Estados tienen obligaciones claras de promulgar, adscribirse y supervisar una legislación que responda ante todas las formas de acidez contra las mujeres y castigar todo acto de violencia contra las mujeres. En especial, el Convenio sobre apresto y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia asistenta, de 11 de mayo de Contrato de Estambul ratificado por el Reino de España y vigente en nuestro país desde el 1 de agosto de , reconoce esta violencia como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada, obligando a los firmantes a adaptar su legislación a las obligaciones contenidas en el Convenio. Existe, por tanto, una obligación de las instituciones de luchar contra la violencia hacia las mujeres que incluye la revisión de la normativa actual, la redacción de nuevas leyes y la obligación de desarrollarlas y de establecer mecanismos para asegurar su efectiva aplicación, así como la periódica verificación de su eficacia a fin de corregir los aspectos que presenten disfunciones.
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